Las Administraciones Públicas siguen sin cumplir con la Ley de Morosidad
No parece que la Ley de Morosidad le haya sentado demasiado bien a muchas Administraciones Públicas. De hecho y según denuncia la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA, hasta el 80% de las administraciones públicas españolas incumplen en mayor o menor medida la ley aprobada hace ya más de siete años.
Según un informe presentado por la asociación, todas las administraciones locales, autonómicas y estatales incumplen la Ley de Morosidad, a pesar de que se ha producido una leve mejoría en los plazos. En este sentido, los plazos medios de pago de las administraciones públicas a los autónomos en 2016 fue de 72 días de media.
La administración central, con 43 días de media, es la que paga en un plazo menor, pero sin cumplir lo que establece la ley, que son 30 días. Las administraciones locales pagan de media sus facturas en 80 días y las autonómicas en 64. Las administraciones locales son las que peor pagan a sus proveedores y son las únicas que han ampliado los plazos medios, concretamente en 13 días, un 19,4% más, pasando de 67 días de media en 2015 a 80 en 2016.
Tanto la media de la administración central como las autonómicas se ha reducido, según ATA, “fruto del esfuerzo de algunas de las administraciones por cumplir con sus compromisos de pago y con la Ley“. El descenso en los plazos de la administración central es más reducido, de un sólo día, pasó de 44 a 43.
En el caso de las autonómicas, pasó de 98 a 64 días. No obstante, esta reducción de más de un mes no consigue reducir lo suficiente la media de retraso en el pago de las facturas de las administraciones autonómicas, que tardan en pagar algo más de dos meses de media.
Por comunidades, la región que más tardó en pagar fue la Región Murcia (99 días de media), un mes más que la media española, seguida de la de Comunidad Valenciana (95 días de media) y Baleares (84 días de media). El País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra son las únicas que pagan dentro de los plazos establecidos, con plazos de 30 y 31 días respectivamente.
